El Senado de Chile aprobó la acusación constitucional en contra del exministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, por 23 votos a favor y 18 en contra. Chadwick fue acusado por un grupo de parlamentarios de oposición por «no procurar la defensa de los DD.HH.».
Detalles de la acusación y la votación
La votación tuvo lugar en una Sesión Especial convocada para conocer la acusación constitucional. La Sala acogió por mayoría los dos capítulos de la acusación entablada en su contra, tras una jornada donde senadores y senadoras fundamentaron sus argumentos a favor y en contra.
El ex secretario de Estado queda así inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años. La votación fue de 23 votos a favor versus 18 en contra. Dentro de los votos que desequilibraron la balanza se encontraron el del senador José Miguel Insulza (PS), quien en las semanas anteriores no había entregado señales claras al respecto.
Argumentos a favor y en contra
Juicio jurídico versus político
El senador Manuel José Ossandón manifestó que «se le acusa al ex ministro de no cumplir su juramento de hacer respetar la ley, lo que lo hace muy grave. Lo que debemos hacer es un juicio jurídico y no político. La acusación es improcedente porque sus argumentos como la violación sistemática de los derechos humanos, no tienen fundamentos en lo jurídico que es en lo que debemos centrarnos».
Por otro lado, el senador Carlos Montes aclaró que «no se trata de analizar la trayectoria política o las características personales de Chadwick. Lo que se estudia hoy es su rol de ministro en la crisis. Hay una naturaleza mixta del juicio que debemos emitir porque hablamos de lo jurídico y también de determinar una responsabilidad política».
Responsabilidad política y hechos de octubre
El senador Felipe Harboe explicó que en este caso «hay que considerar la supremacía constitucional y su control, y a la responsabilidad política. Respecto a lo primero, la Constitución no es algo que le compete solo a los jueces y el TC. El Congreso puede participar de este control. El Senado actúa como jurado». En cuanto a la responsabilidad política, mencionó el desmantelamiento del alto mando de Carabineros que materializó Chadwick, lo que habría incidido en los actos de violencia.
El senador Iván Moreira pidió huir de los deseos de revancha política al emitir un voto. «No podemos desentendernos de una enorme crisis y firmemente condenamos los abusos y violaciones a los derechos humanos. Tampoco podemos caer en el juego de noticias falsas, hechos infundados. Acá no han habido fundamentos suficientes para sostener la acusación. Se hacen críticas de orden general, juicios de valor. No hay condenas por los hechos en los que fundamentan el libelo».
El senador Rabindranath Quinteros recordó que «en nuestra tradición la acusación constitucional es un juicio político ¿si se acoge la acusación no se le está condenando por un delito penal y si se rechaza tampoco se le está absolviendo. Puede ser inocente penalmente pero no políticamente cuando se está a cargo de un ministerio responsable de velar por el orden público y respetar los DD.HH y se fracasa estrepitosamente. El fracaso ha sido rotundo se han cometido numerosas y graves violaciones a los DD.HH ¿se le acusa por no haber evitado que escalara (la crisis) con graves vulneraciones a los derechos humanos que han sufrido varios chilenos».
El senador Alejandro Guillier indicó que «desde el 18 de octubre se han sucedido violaciones a los derechos humanos como no habíamos visto en otras épocas... No es posible que se haya llegado a este nivel de violación de los derechos humanos sin que las autoridades civiles asuman sus responsabilidades. No resulta razonable para la opinión pública ese apoyo incondicional a una policía que estaba violando los DD.HH ¿Se pueden exigir las responsabilidades políticas más allá de las consideraciones personales específicas».
El senador Pedro Araya manifestó que «no creo que nadie en este Senado se atreva a negar los lamentables hechos que han ocurrido después del estallido social¿ la dependencia de las fuerzas de seguridad y orden son del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Esa es la relación que hay entre las fuerzas de orden y el ministerio... Aquí hay distintos tipos de responsabilidades y este Senado debe perseguir la responsabilidad política¿esto no es venganza, es determinar responsabilidad política, no aceptar esta acusación es caer en la impunidad política».
Argumentos de la defensa
El senador José García Ruminot recordó que durante los 22 años que estuvo Andrés Chadwick en el Congreso «estuvo siempre integrando las comisiones de Constitución y de DD.HH. Es una persona seria y responsable siempre dispuesta al diálogo y a concurrir a los acuerdos... las actuaciones de don Andrés Chadwick han estado apegadas siempre al respeto de la Constitución y las leyes y su trayectoria demuestra que su conducta siempre ha estado apegada a los derechos humanos. Tengo la convicción de que Andrés Chadwick es un hombre de Estado que siempre ha tenido presente el bien común».
La senadora Jacqueline Van Rysselberghe señaló que «no existen antecedentes que prueben efectivamente violaciones a los derechos humanos de manera sistemática por parte de órganos del Estado¿No existiendo antecedentes que permitan calificar una violación sistemática de los derechos humanos, no puede prosperar el primer capítulo¿Se deben investigar y sancionar a los autores de los casos señalados, pero Andrés Chadwick no omitió ninguna acción, pues los decretos ya decían que había que seguir ciertos lineamientos y respetar los DD.HH¿el gobierno y el ex ministro tomaron una serie de medidas para evitar acciones ilícitas. Creo absolutamente en la inocencia del ex ministro Andrés Chadwick».
Reacciones y contextos adicionales
El senador José Miguel Insulza anunció su voto favorable a los dos capítulos de la acusación y enfatizó en que «este juicio no es penal, es político (¿). Se está haciendo efectiva la responsabilidad política de un gobierno y sus principales autoridades, que perdieron de vista lo que estaba ocurriendo»; asimismo, reconoció que en la calle se hizo sentir el descontento y llamó a no dramatizar excesivamente la decisión, «cuando un militar pierde sus batallas, se les destituye, cuando un ministro comete grandes errores se le pide la renuncia o se le destituye».
El senador Francisco Chahuán hizo una cerrada defensa del ex ministro y acotó que «no resulta serio, sin haber agotado todas las instancias, esta acusación. Estamos frente a argumentos puramente políticos (¿) y los casos de fondo están siendo investigados, porque acá el estado de derecho ha operado». A juicio del legislador, la facultad de acusación constitucional «debe ser ponderada y no puede usarse como forma de encausar malestares, buscando una víctima».
La senadora Isabel Allende, haciendo un férreo llamado a respetar los derechos humanos, sostuvo que hubo reiterada violación a los DD.HH más esenciales y aclaró que «nadie ha defendido en esta Sala, ni se hará, a aquellos delincuentes que han saqueado, que han cometido delitos». En la misma línea, declaró que esto «no es personal, se ha hablado de revanchismo, de venganza, pero aquí estamos cumpliendo la Constitución y las leyes, tal como lo juramentó el Ministro. El descontento social no se soluciona con represión».
El senador Rodrigo Galilea argumentó que la acusación no tiene mérito. «¡Omitir deliberadamente medidas para detener violaciones a los DD.HH.!, no se me ocurre una acusación más grave como ésta. No es simplemente omitir, es hacerlo deliberadamente, es decir que se actuó con dolo y con el propósito definido que se violaran los derecho humanos.», por lo que llamó a meditar en torno a esta afirmación, «que es de una injusticia el solo plantearla».
Para el senador Ricardo Lagos Weber, «los abusos y los excesos son evidentes, no hay discusión sobre eso, al punto que al asumir un ministro de Interior nuevo, y a menos de 48 hora, pide que se revisen los protocolos». El legislador argumentó políticamente su voto a favor del libelo, porque «lo que estaba en juego es nuestra institucionalidad (¿)» y reconoció su convicción de que estuvimos «a un tris de un colapso institucional, tenemos que hacernos cargo».
El senador David Sandoval hizo una autocrítica respecto al rol de los políticos en no haber anticipado la crisis. «Cuando uno escucha al senador Insulza diciendo que las manifestaciones son en contra del gobierno del presidente Piñera y luego el ex presidente Lagos, lo desmiente, creo que la responsabilidad es de todos esta situación por décadas (¿) Creemos que decretar estado de emergencia fue una decisión lícita y oportuna», reflexionó.
La senadora Carmen Gloria Aravena pidió dar un «contexto» a esta acusación constitucional pues «la historia nos terminará juzgando si estuvimos a la altura o no». Recalcó que «nadie, ni en sus peores pesadillas, imaginó una crisis como la que estamos enfrentando». Junto con lamentar los fallecidos y las víctimas; así como las millonarias pérdidas de bienes públicos y privados y de miles de puestos de trabajo preguntó si «es posible acusar a un ex ministro por una situación que desbordó todos los parámetros conocidos, la institucionalidad vigente y donde incluso todos somos responsables en alguna medida».
Una perspectiva distinta hizo presente el senador Juan Pablo Letelier quien recordó que «el ministro del Interior tiene como función velar por el orden público y eso incluye el respeto irrestricto por los derechos humanos» y a su juicio, «no trascendió ninguna acción concreta» que promoviera en medio de la crisis cuando «todos sabíamos de las vulneraciones cometidas». «No es suficiente pedir información y sumarios», dijo el parlamentario quien reconoció que Carabineros ya vivía una crisis cuando se produce el estallido social.
Por su parte, el senador Juan Castro se preguntó sobre «¿qué responsabilidad tiene el ex ministro Chadwick si muchas veces carabineros actuando en su propia defensa -al verse sobrepasado- por agresores y un nivel de violencia tuvo que actuar?. Nadie valora esfuerzo de carabineros» y recordó que durante varios gobiernos de izquierda se les quitaron facultades para reestablecer el orden público, así como para capacitarse y especializarse», dijo. Asimismo reflexionó respecto a que «estamos además frente a una crisis de las familias, de la fiscalía, de la educación y las instituciones».
El senador José Ignacio Latorre aseguró que «el orden público no es incompatible con la protección y el resguardo de los derechos humanos» y agregó que cuando se usa la fuerza con desproporción se vulneran la Constitución y los tratados internacionales». A su juicio, «el ministro debió haber renunciado hace un año cuando se produjo el caso Catrillanca» recalcó que el ex secretario de Estado es responsable políticamente de esta acusación, no es el quien mató o cometió los abusos materialmente pero es el responsable político de las fuerzas de orden».
La senadora Ena Von Baer hizo presente su convicción de que «el ex ministro Chadwick ya asumió su responsabilidad política cuando renunció a su cargo. No se puede juzgar a una misma persona por el mismo hecho dos veces». Por eso recalcó que «si la decisión de este Senado es exclusivamente política, la acusación debe ser rechazada». La parlamentaria pidió a sus pares «actuar en conciencia» y criticó «el nivel de vaguedad con que se acusa al ex ministro de cometer violaciones a los derechos humanos».
El senador Alejandro García Huidobro recordó los distintos roles que ha tenido Chadwick en su carrera. «Es absolutamente inocente de los cargos que se le imputan que buscan impedirle seguir sirviendo a nuestro país», admitió junto con confesar el orgullo que siente por él y agradecer su presencia en la Sala. «Se le acusa de omitir acciones que permitieron la violación de derechos humanos. Acá hay un aprovechamiento político (¿) Las responsabilidades penales son personales y él no cometió ninguno de los abusos cometidos», sentenció.
Como una situación compleja calificó la senadora Carolina Goic, esta acusación. «Hoy estamos discutiendo este libelo a un ministro. No por el hecho de haber renunciado, se imposibilita el uso de esta herramienta vigente. Este es un juicio político constitucional, no estamos hablando de la intencionalidad penal (¿) Soy de la convicción que el ex ministro no veló por la protección de los derechos de las personas. Lo que hoy discutimos es cómo ejercemos nuestra responsabilidad», expresó reconociendo que con esta sentencia no termina la crisis política.
«Estoy confundida y asombrada». Con esa frase comenzó su intervención la senadora Luz Ebensperger asegurando que «hoy estábamos llamados a pronunciarnos sobre una acusación constitucional, pero lo que hemos visto es un juicio político contra el presidente Piñera. Espero que la responsabilidad de actuar como jurado, todos la asumamos con responsabilidad pensando en lo cons...».
Proceso y antecedentes del caso
Andrés Chadwick Piñera estuvo presente en la Cámara Alta presenciando cómo los senadores aprobaron los dos capítulos de la acusación constitucional en su contra, lo que implicará su inhabilidad durante cinco años para ejercer cargos públicos. La revisión del libelo en el Senado había comenzado el martes, con la exposición de los diputados que formalizaron la acusación y del abogado de Chadwick, Luis Hermosilla.
El libelo de la oposición acusaba al exsecretario de Estado de «haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado estas sin ejecución al omitir adoptar medidas para detener violaciones sistemáticas a los DD.HH.» en medio del estallido social que se inició en Chile el pasado 18 de octubre, además de haber afectado derechos constitucionales no contemplados en los estados de emergencia a los que concurrió con su firma.
Las gestiones apuntaron a anular el primer cargo y que se aprobara solo el segundo capítulo, relativo al momento de decretar el estado de emergencia. Las tratativas estuvieron dirigidas principalmente al PPD y la DC.
El senador socialista José Miguel Insulza, quien en los últimos días había sincerado que le costaba apoyar el libelo debido a su cercanía con el exministro y con su hermana, María Teresa Chadwick, confirmó que votaría a favor. «Que no se diga nunca, honorables colegas, que frente a hechos tan graves como estos, la clase política se eximió de sus responsabilidades escudándose en interpretaciones jurídicas ante una crisis como la que el país ha vivido en los últimos dos meses. Voto a favor de ambos capítulos de la acusación», dijo Insulza en la sala, agregando en un punto de prensa posterior: «que no se vuelva a decir que en la clase política se protegen unos con otros (...) Tengo mucho aprecio por el exministro, pero uno tiene que aprender a diferenciar las cosas. Soy un senador socialista, no soy un senador de gobierno».
Asimismo, el PPD Felipe Harboe, quien en la mañana había sembrado algunas dudas al asegurar que «tenemos que tener la prudencia adecuada para tomar decisiones que no necesariamente son populares pero son las correctas», planteó en la tarde: «es el ministro el que debe responder políticamente, es de la dignidad del cargo del ministro de donde surge la obligación de asumir las consecuencias políticas derivadas de actos, muchas veces lícitos, y muchas veces provenientes de sus subalternos. Es la regla de oro de la democracia».
El defensor de Chadwick, Luis Hermosilla, intentó también una jugada, al ingresar un escrito ante la secretaría de la Cámara Alta advirtiendo que los votos que emitirían senadores que se encontraban fuera del país pondrían en riesgo el derecho a un debido proceso de su representado.
Los argumentos del oficialismo durante la jornada estuvieron enfocados en destacar las cualidades humanas de Chadwick, quien fue definido como un hombre «intachable», con «mirada de Estado» y articulador de «grandes acuerdos» con la oposición durante toda su trayectoria como legislador.
La senadora Ena Von Baer interpeló a sus pares Insulza y Ricardo Lagos Weber (PPD). «Estoy segura que cada uno de nosotros va a recordar este día muchas veces y espero que con la conciencia tranquila de que la decisión fue justa», expresó. Luego dedicó palabras al senador PS: «cuando un ministro no cumple con su trabajo, se le separa del cargo. Pero señor Insulza, hoy en este Senado no comparece un ministro, comparece un exministro que ya asumió su responsabilidad. Entiendo que no se puede juzgar a la misma persona, por el mismo hecho, dos veces».
Posteriormente, también cuestionó al senador Lagos Weber, quien durante su intervención reconoció que a diferencia de Chadwick, cuando Gonzalo Blumel asumió como ministro del Interior cambió los protocolos de Carabineros. «Cuando uno hace una acusación tan grave como ésta tiene que tener los datos. Resulta que los protocolos siguen siendo los mismos», dijo.
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Otras acusaciones constitucionales
Este caso se suma a otras acusaciones constitucionales presentadas en Chile. Entre ellas se encuentra la presentada contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, por su gestión durante la pandemia. También se han presentado acciones contra el Presidente Sebastián Piñera, el intendente metropolitano, Felipe Guevara, y la jueza Silvana Donoso, entre otros.
La primera acusación constitucional del periodo se ingresó en mayo de 2018 contra el entonces titular de Salud, Emilio Santelices. En agosto de 2018, bancadas de la DC y el PS impulsaron un libelo acusatorio contra ministros de la Corte Suprema. En septiembre de 2019, se presentó una acusación contra la entonces ministra de Educación, Marcela Cubillos.
Tras la salida del Gobierno después del estallido social, la oposición presentó a fines de octubre una acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior Andrés Chadwick, la cual superó las pruebas en la Cámara de Diputados y fue respaldada en el Senado.
En enero de este año, se presentó una acusación constitucional contra el intendente metropolitano, Felipe Guevara, la cual fue rechazada en el Senado. El pasado 13 de agosto, un grupo transversal de diputados presentó una acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso, la cual ahora deberá ser revisada por el Senado.
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