Tras la jibia, el foco de la controversia pesquera en Chile se ha trasladado a la merluza común. Un grupo de parlamentarios, encabezado por la diputada Camila Rojas y los diputados Marcelo Díaz y Jorge Brito, ha reingresado un proyecto de ley que busca prohibir el método de pesca de arrastre, una iniciativa que busca proteger el ecosistema marino y asegurar la sostenibilidad del recurso a largo plazo.
Esta insistencia legislativa surge tras el rechazo de una moción similar en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde faltaron solo cuatro votos para alcanzar el quórum necesario de 78 voluntades. Con la nueva presentación, los impulsores de la norma buscan eliminar los sistemas de arrastre, estableciendo que la merluza solo pueda ser capturada mediante espinel o red de enmalle.
El impacto ambiental y la sostenibilidad del recurso
El estado de salud de las poblaciones de merluza común es una preocupación crítica. En 2014, el recurso fue declarado agotado y, aunque mostró señales de recuperación, actualmente se encuentra sobreexplotado. La directora de la entidad Oceana, Liesbeth van der Meer, sostiene que el arrastre es un arte de pesca no selectivo que remueve grandes cantidades de fauna bentónica, afectando el fondo marino y capturando individuos que no son el objetivo principal.
Otro punto de conflicto es la captura de juveniles. Según informes del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), el porcentaje de ejemplares inmaduros en las capturas ha sido históricamente alto. Aunque la industria asegura utilizar tecnología de mallas cuadradas y rejillas de escape para minimizar el impacto, los expertos sostienen que, en una pesquería sana, la proporción de juveniles no debería superar el 25%, cifra que dista de los registros actuales.
Perspectivas contrapuestas sobre las causas del agotamiento
El sector industrial, representado por organizaciones como ASIPES y Sonapesca, rechaza la premisa de que el arrastre sea el culpable del deterioro del recurso. Sus argumentos principales son:
- Pesca ilegal: Argumentan que el verdadero problema es la extracción ilegal, estimada entre 32 000 y 45 000 toneladas anuales, la cual supera por mucho las cuotas fijadas por la autoridad.
- Selectividad tecnológica: Aseguran que el equipo moderno de pesca permite identificar tallas de cardúmenes y evitar la captura de especies no deseadas.
- Certificaciones: Destacan que varias pesquerías, incluyendo la de merluza austral, cuentan con la certificación Marine Stewardship Council (MSC), la cual valida prácticas sustentables bajo el sistema de arrastre.
El futuro de la ley y las posturas políticas
La Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos ha iniciado el debate sobre este nuevo proyecto de ley. Mientras que sectores artesanales apoyan la medida como una vía necesaria para "cuidar los recursos pesqueros" y garantizar el trabajo futuro, la industria industrial advierte sobre posibles riesgos de cesantía y la falta de base técnica en la prohibición propuesta.
Para los parlamentarios impulsores, el objetivo es claro: recuperar el mar para Chile y asegurar que la merluza -un alimento esencial para la población- siga disponible. Por el contrario, voces desde la oposición legislativa, como el diputado Sergio Bobadilla, insisten en que el foco debe ponerse en la persecución de las bandas criminales dedicadas a la pesca ilícita, en lugar de penalizar un método de extracción que es el estándar internacional en muchas pesquerías del mundo.
En el centro del debate permanece una interrogante: ¿es el arte de pesca el problema central o es la falta de fiscalización adecuada ante la sobreexplotación? Lo cierto es que, con la reciente aprobación en general de la idea de legislar por parte de la Comisión, la discusión está lejos de cerrarse.