La industria salmonera en Chile se ha visto envuelta en graves conflictos que alertan a científicos, ambientalistas y comunidades locales. Estos enfrentamientos surgen de diversas problemáticas, incluyendo impactos ambientales significativos, sobreproducción de salmones y acusaciones de campañas de desinformación por parte de las empresas. La constante expansión de la industria, a menudo sin la debida consideración por los ecosistemas y las comunidades locales, ha generado una serie de tensiones y controversias que ponen en jaque la sostenibilidad del sector.
Conflictos Ambientales y de Uso del Territorio
Uno de los focos de conflicto se centra en la disputa por el uso del borde costero y la protección de los territorios ancestrales. La Ley Lafkenche, diseñada para permitir la creación de Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios (ECMPO), otorgados a comunidades indígenas que demuestran uso tradicional de los territorios, busca resguardar sus tradiciones y asegurar el acceso a los recursos naturales. Sin embargo, la aprobación de estos espacios ha generado controversias. Organizaciones y líderes indígenas afirman que la industria salmonera ha utilizado discursos alarmistas para desinformar sobre las solicitudes de ECMPOs, influyendo en su rechazo por parte de comisiones regionales.
Un ejemplo de esta tensión se manifestó cuando la Comisión Regional de Uso del Borde Costero rechazó la creación de dos ECMPOs. Las organizaciones denunciaron que la industria del salmón desplegó un "discurso del miedo" para influir en esta decisión. Adicionalmente, un proyecto de ley que propone cambios en la gobernanza de estos espacios, también conocidos como Ley Lafkenche, ha generado preocupación entre líderes indígenas y expertos, quienes temen que se introduzcan modificaciones que afecten los derechos indígenas y faciliten la expansión de la actividad salmonera.
Escapes de Salmones y sus Consecuencias Ecológicas
Los escapes de salmones de los centros de cultivo representan uno de los riesgos ambientales más recurrentes y preocupantes para la industria acuícola a nivel global, y Chile no es la excepción. Estos eventos, a menudo desencadenados por fuertes temporales o fallas estructurales, tienen serias consecuencias para los ecosistemas marinos locales.
El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) ha confirmado numerosos escapes a lo largo de los años. Entre 2010 y 2018, se registraron 87 eventos de escapes, promediando casi 10 por año. En el período 2010-2017, el promedio anual de peces escapados se estima en alrededor de 410.000 individuos. Uno de los incidentes más notables ocurrió en junio de 2018, cuando alrededor de 690.000 salmones se escaparon del centro de cultivo de MOWI (anteriormente Marine Harvest) en Isla Huar, comuna de Calbuco, debido a daños estructurales causados por un temporal.
Más recientemente, durante la madrugada del sábado 27 de junio, un fuerte temporal en la zona provocó la fuga de aproximadamente 800.000 peces de 16 jaulas del centro de cultivo “Caicura” operado por la empresa Blumar. Este evento se estima como el mayor escape de salmones registrado en Chile hasta la fecha. Pese a que la urgencia de la pandemia a veces ha relegado estos temas a un segundo plano, la fuga de salmones ha captado la atención de la prensa regional y organizaciones ambientalistas debido al potencial daño ecológico que puede causar en los ecosistemas marinos del Seno de Reloncaví.
Regulación y Fiscalización de Escapes
El historial de escapes de salmones pone de manifiesto la necesidad urgente de revisar la relación entre la industria, el Estado y el territorio donde se emplaza la acuicultura. A pesar de su importancia, el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA) solo incorporó indicaciones sobre escapes en 2007, en el contexto de la crisis del virus ISA. La penalización por daño ambiental, condicionada a la no recaptura del 10% de los peces escapados, se introdujo en la reforma a la Ley General de Pesca y Acuicultura en 2010. Si bien esta cifra representa un mínimo necesario ante la frecuencia de estos eventos y su impacto público, muchos consideran que es insuficiente.
La urgencia de la industria por recapturar los peces para evitar penalizaciones a menudo la lleva a buscar vínculos con la pesca artesanal. Esto ha generado tensiones y ha motivado la presentación de mociones de ley, como la presentada a inicios de 2018 en el Congreso, que aborda la participación de terceros en la recaptura, especialmente pescadores artesanales.
Sin embargo, la ausencia u opacidad de la información científica disponible sobre las condiciones en que se produjo el escape, la magnitud del mismo y la efectividad de la recaptura, ha sido fuente de disputas entre la industria y el Estado. Esto ha alargado los procedimientos y generado fuertes desconfianzas. A pesar de las reformas al reglamento ambiental, no se ha profundizado significativamente en la materia de escapes, y la institucionalidad acuícola no logra generar garantías ni confianza en términos ambientales. La ciencia ha alertado sobre los impactos asociados a la sobreproducción de salmones, y casos como el de Australis Mar, que admitió haber producido 80 mil toneladas de salmones más de lo autorizado, evidencian problemas de sobreproducción e ilegalidad que, a pesar de las denuncias y sanciones, parecen ser prácticas constantes.
La cara sucia del salmón chileno
Conflictos Laborales y Condiciones de Trabajo
Detrás de las cifras récord de producción y exportación de salmón chileno, se esconde una cruda realidad laboral. Chile es el segundo productor mundial de salmón de cultivo industrial intensivo, con exportaciones que en 2024 alcanzaron 1.045.282 toneladas, valoradas en US$ 6.371 millones. Sin embargo, la industria presenta la mayor tasa de accidentabilidad y mortalidad laboral del sector acuícola a nivel global, superando a países como Noruega, Canadá o Escocia.
Altas Tasas de Mortalidad y Accidentes Laborales
Entre marzo de 2013 y julio de 2025, se registraron 83 muertes de trabajadores en centros de cultivo, plantas procesadoras y embarcaciones asociadas a la industria salmonera en aguas chilenas. Esta situación, calificada como impresentable para una de las actividades económicas más importantes del país, refleja una filosofía empresarial que prioriza las ganancias millonarias sobre la seguridad y la vida humana, a menudo con la complicidad de los organismos fiscalizadores del Estado.
Un ejemplo trágico ocurrió el 24 de septiembre de 2025 en Hualaihué, cuando el buzo Jaime Ampuero Díaz fue arrastrado y sufrió un accidente con la hélice de una embarcación de transporte salmonero. Para sobrevivir, debió emerger bruscamente, desarrollando el síndrome de descompresión inadecuada, que lo dejó hospitalizado con graves secuelas neurológicas. Este suceso vuelve a poner en evidencia las precarias condiciones laborales que imperan en esta industria.
Los fallecimientos recientes subrayan la problemática. En 2025, tres buzos perdieron la vida: Luis Godoy Mendoza (17 de abril, centro Elena Weste de Blumar), un segundo buzo identificado por sus iniciales C.B.A. (24 de julio, centro Canalad de Australis Mar), y Yonathan Vergara (24 de julio, centro Bahía León de Blumar). Dos de estos tres trabajadores murieron subcontratados por Blumar en menos de tres meses, lo que evidencia los precarios estándares de seguridad y la inoperancia de la fiscalización estatal en la Patagonia chilena.
Condiciones de Trabajo Precarias y Subcontratación
Un 40% de los trabajadores salmoneros son contratados por empresas subcontratistas bajo regímenes precarios y temporales ("por obra o faena"), lo que dificulta su sindicalización y limita su capacidad de defensa colectiva. A esto se suman jornadas laborales extensas y salarios bajos, junto con violaciones sistemáticas a los derechos de las mujeres trabajadoras en plantas procesadoras, quienes enfrentan jornadas de hasta 12 horas de pie y en bajas temperaturas, especialmente durante los picos de producción.
La débil fiscalización estatal permite que esta realidad persista, muy lejos de los estándares laborales de países competidores como Noruega, Escocia o Canadá. El Sindicato de Buzos Profesionales ha denunciado en 2025 las condiciones extremas que enfrentan quienes trabajan en centros de cultivo, con jornadas de hasta 20 días seguidos por 7 de descanso, algo incompatible con una actividad catalogada de alto riesgo físico y psicológico.
Buzos: Un Caso Emblemático de Explotación
La situación de los buzos es particularmente alarmante. La mayoría de los buzos fallecidos son pescadores artesanales con licencia de "buzo mariscador básico", que legalmente solo les permite operar hasta 12 metros de profundidad. Sin embargo, las empresas salmoneras los subcontratan por ser más económicos que un buzo profesional certificado, obligándolos a trabajar a profundidades muy superiores (más de 30 metros), sin protocolos de seguridad ni descompresión adecuados.
Entre 2004 y 2022, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) registró 245 accidentes de buceo en salmoneras, con 44 muertes. Estas cifras se mantienen elevadas debido a la falta de fiscalización estatal, las precarias condiciones laborales y el incumplimiento de la normativa. El contraste con Noruega, el principal productor mundial, es brutal: ese país reportó solo tres muertes en 34 años.
En Chile, la permisividad institucional permite que las empresas operen con buzos provenientes de la pesca artesanal, utilizando equipos inadecuados y sin supervisión profesional. A pesar de que su licencia limita la profundidad, suelen trabajar a más de 30 metros, sin los protocolos de seguridad ni descompresión necesarios. En 2022 murieron cinco trabajadores salmoneros, tres de ellos buzos. En 2023, fallecieron otros cinco trabajadores, dos de ellos buzos de 50 y 62 años.
El Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y la Dirección del Trabajo, pese a sus facultades fiscalizadoras, no logran detener la continua mortalidad de trabajadores. Paralelamente, el Ministerio Público en las regiones de Aysén y Los Lagos acumula decenas de causas sin sentencias ejemplares ni responsables condenados. La frase que se repite con amarga ironía en el sur de Chile, "la vida de un buzo vale menos que la de un salmón de exportación", resume la cruda realidad de esta industria.
La Industria Salmonera y su Relación con el Estado
La industria salmonera chilena ha sido objeto de análisis académico por su compleja relación con el Estado. Estudios exploran cómo un acotado grupo de empresas ha logrado influir en el cambio institucional del sector, beneficiándose de modificaciones regulatorias.
Procesos de Cambio Institucional y Poder Empresarial
Entre 2007 y 2010, la industria salmonera chilena enfrentó una crisis sanitaria y económica debido al virus ISA. A raíz de esto, se implementaron modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura y 19 modificaciones reglamentarias. La industria salmonera participó activamente en la formulación de este nuevo modelo institucional, siendo consultada recurrentemente e influyendo en la etapa pre legislativa. Sin embargo, el modelo generado tendió a beneficiar a empresas con mayor número de concesiones y mejor distribuidas entre agrupaciones.
La participación de empresas salmoneras en la formulación de políticas no es inusual en el contexto chileno, donde los gremios empresariales tienen una larga tradición de influencia política. El análisis de esta relación sugiere que factores como la autonomía del Estado, la agregación de preferencias empresariales y la cohesión interna del empresariado son fundamentales en la configuración de políticas sectoriales diferenciadas.
Se proponen tres mecanismos causales para explicar cómo el empresariado influyó en el cambio institucional, resultando en un modelo que otorga ventajas a un determinado tipo de empresas salmoneras:
- Convergencia Instrumental: La creencia compartida entre empresarios salmoneros, el Estado y la banca de que el Estado debía ser el garante sanitario de la industria, materializándose en una coalición que impulsó el cambio institucional.
- Liderazgo Técnico Empresarial: El gremio salmonero lideró la discusión técnica en la generación de la nueva institucionalidad, influenciado por la baja autonomía del Estado y su limitado conocimiento técnico en la materia.
- Acción Colectiva Empresarial: Los efectos de la acción colectiva dentro de la asociación empresarial, donde las empresas de mayor peso productivo y político definieron los términos del sector, mientras que otras actuaron como "free riders".
La metodología de process tracing, utilizada en estos estudios, analiza la relación entre la agencia del sector empresarial y la influencia sobre el cambio institucional, considerando el poder instrumental del empresariado, la autonomía del Estado y los problemas de acción colectiva al interior del empresariado.
Nuevos Requisitos Ambientales y Reacciones del Sector
La creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas de Chile (SBAP) ha introducido nuevos requisitos para el otorgamiento de concesiones de salmonicultura dentro de áreas protegidas. Expertos han calificado de lamentable la reacción del sector salmonero ante estas medidas. La información de concesiones de acuicultura de salmónidos, extraída en enero de 2024, revelaba que el Estado ha entregado más de 1.300 concesiones en las regiones X, XI y XII. Adicionalmente, se ha reportado que 587 concesiones acuícolas están hipotecadas a bancos internacionales y nacionales, con compromisos que suman miles de millones de euros.
La falta de transparencia y la resistencia a la entrega de información por parte de organismos como Subpesca han generado controversias. Activistas y organizaciones han denunciado demoras y negativas en la entrega de información solicitada vía Ley de Transparencia, incluyendo grabaciones y actas de evaluación de procesos relacionados con la nueva Ley Acuícola. Estas situaciones han llevado a reclamos ante el Consejo de la Transparencia, evidenciando una falta de prolijidad y de respuestas claras por parte de la Subsecretaría hacia los trabajadores y la ciudadanía.
Impactos de la Sobreproducción y Regulaciones
La ciencia ha alertado sobre los impactos asociados a la sobreproducción de salmones. Casos como el de la transnacional Nova Austral, que enfrentó un acuerdo para suspender condicionalmente un proceso penal, y el de Australis Mar, que admitió haber producido 80 mil toneladas de salmones más de lo autorizado, ponen de manifiesto problemas recurrentes de sobreproducción e ilegalidad en la industria. A pesar de las múltiples denuncias y sanciones, estas prácticas parecen continuar.
La revista internacional medioambiental "MONGABAY LATAM" ha destacado cinco lecturas clave para comprender los conflictos de la industria salmonera en Chile, abordando:
- Los graves conflictos que alertan a científicos, ambientalistas y comunidades locales.
- La preocupación sobre un proyecto de ley que modifica la gobernanza de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ley Lafkenche).
- El historial de impactos ambientales e ilícitos de la transnacional Nova Austral.
- Los daños ambientales de la sobreproducción, ejemplificado por el caso de Australis Mar.
- Los nuevos requisitos ambientales impuestos por la ley del SBAP, que generan malestar en la industria salmonera.
Estos conflictos sectoriales reflejan las contradicciones inherentes al modelo económico chileno, donde la búsqueda de rentabilidad a menudo choca con la sostenibilidad ambiental, los derechos laborales y la protección de los territorios de los pueblos originarios. La disponibilidad de información oportuna, un registro público y estandarizado, y la capacidad de anticipar eventos climáticos son cruciales para una gestión eficaz y la toma de decisiones en momentos críticos como los escapes de salmones.
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