La empresa Camanchaca se ha visto involucrada en un incidente significativo relacionado con la fuga de ejemplares juveniles, de la especie coho, desde uno de sus centros acuícolas. La compañía insiste en que el evento se debió al actuar de terceros que rompieron las redes, mientras que desde organizaciones conservacionistas consideran insuficiente el 10% de recaptura de peces que exige la ley para establecer si hubo o no daño ambiental.
El Incidente en Playa Maqui
El incidente de fuga se registró en el centro de Camanchaca ubicado en Playa Maqui. En el momento de los hechos, este centro mantenía un total de 222.522 peces, con un peso promedio de 513 gramos cada uno. Las jaulas afectadas contaban un total de 92.
Ricardo García, vicepresidente de Salmones Camanchaca, explicó que “la compañía sólo posee un centro acuícola en lago, que se ubica en Playa Maqui, con el único propósito de mantener durante pocos meses peces infantes, hasta que puedan desenvolverse en el mar.” La empresa ha declarado: “Hemos registrado un ataque y sabotaje a nuestro centro en Playa Maqui, que estuvo asociado a la destrucción de propiedad privada y una liberación intencional de peces al lago.”
Respuesta de Camanchaca y Acciones Legales
Inmediatamente conocidos los hechos, la compañía activó sus planes de contingencia. Una patrulla se dirigió al sector, y la empresa se contactó con Sernapesca y la Superintendencia de Medio Ambiente para activar su plan de contingencia y comenzar la recuperación de estos salmones.
A la fecha, se han recapturado algo más del 13% de los peces liberados. La empresa presentó una querella criminal en contra de los que resulten responsables del supuesto sabotaje, la cual se suma a la denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI) interpuesta el mismo día de los hechos.
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Marco Normativo y Preocupaciones Ambientales
Desde el punto de vista normativo, la ley establece que de no lograrse la recaptura del 10% de los peces fugados, se presume daño ambiental. Las autoridades señalaron: “Nosotros tomamos todas las acciones que legalmente nos corresponden.” Camanchaca ha afirmado que "la empresa ya dio cumplimiento al mínimo y, hasta donde tenemos entendido, la empresa sigue con sus labores de recaptura."
A pesar de ello, ambientalistas consideran que la ley es muy permisiva. Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, explicó que “estos salmones que se escaparon son juveniles, el peso es de medio kilo cada uno.” La ambientalista hizo hincapié en que el ecosistema del lago es mucho más cerrado al del mar, en el cual el impacto puede ser mayor.
Mauricio Ceballos, vocero de Greenpeace, manifestó que “lamentablemente nuestra legislación es muy laxa y muy permisiva cuando se refiere a definir máximos de captura, luego de un episodio de escape. El 10% a nosotros nos parece que es un número bastante bajo y sobre todo cuando estamos hablando de un contexto de agua dulce.”
Ceballos añadió que la presunción de daño ambiental es algo que la ley establece para poder iniciar acciones legales, y que el hecho de que se fije solamente el 10% de captura es un impedimento. Desde un ministerio (no especificado en el borrador) oficiaron a la empresa para que entregue información y así evaluar si el incidente pudiese generar un impacto y definir medidas para mitigarlo.
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