En un entorno laboral cada vez más regulado, las capacitaciones laborales no solo son una herramienta de desarrollo, sino también un requisito legal en Chile. Como jefe de Recursos Humanos, entender qué temáticas debes priorizar en la formación de tus equipos puede marcar la diferencia entre una empresa que cumple y una que arriesga sanciones.
¿Qué es una Capacitación Laboral?
La capacitación laboral es un proceso formativo destinado a mejorar las competencias, habilidades y conocimientos de los trabajadores para que puedan desempeñar sus funciones de manera más eficiente, segura y alineada con las normativas vigentes.
Marco Legal de las Capacitaciones en Chile
En Chile, el artículo 184 del Código del Trabajo establece que el empleador debe “adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores”. Esto se traduce en la obligación de capacitar al personal en materias como prevención de riesgos, primeros auxilios, salud mental, protocolos ante emergencias, entre otras.
Además, existen capacitaciones que no solo tienen fines preventivos, sino también inclusivos, como aquellas asociadas a la inclusión laboral de personas con discapacidad (Ley N° 21.015) o a la Ley Karin, que exige medidas de prevención frente al acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo.
Capacitaciones Laborales Exigidas por la Legislación Chilena
Aunque muchas capacitaciones pueden variar según el rubro o el tamaño de la empresa, hay ciertas formaciones que son transversales y exigidas por la legislación chilena. Algunas de ellas son:
- Capacitación en la Ley Karin (Ley N° 21.643): A partir de su entrada en vigencia en 2024, todas las organizaciones están obligadas a capacitar a sus trabajadores sobre prevención, denuncia y procedimiento frente al acoso laboral y sexual.
- Capacitación en inclusión laboral: La Ley de Inclusión Laboral exige a empresas con más de 100 trabajadores contratar al menos un 1% de personas con discapacidad o beneficiarias de pensión de invalidez.
Consecuencias del Incumplimiento de Capacitaciones Obligatorias
No cumplir con las capacitaciones obligatorias puede traer consecuencias graves para una empresa. Entre las más comunes están:
- Multas económicas: La Dirección del Trabajo puede aplicar sanciones que van desde 3 a 60 UTM por infracción, dependiendo del tamaño de la empresa y la gravedad del incumplimiento.
- Riesgos legales: En caso de una denuncia por acoso, accidente laboral o discriminación, la falta de formación puede considerarse negligencia por parte del empleador.
- Daño reputacional: Hoy más que nunca, los trabajadores valoran un entorno seguro, inclusivo y respetuoso. No capacitar puede afectar el clima laboral y la imagen de la empresa.
- Pérdida de productividad: La falta de conocimientos básicos sobre temas legales y de seguridad impacta directamente en el desempeño de los equipos y aumenta el riesgo de errores o conflictos.
Beneficios SENCE para Cubrir Inversión en Capacitaciones
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) ofrece una alternativa concreta para que las empresas puedan costear parte o la totalidad de las capacitaciones a través de la franquicia tributaria SENCE. Este beneficio permite rebajar del impuesto a la renta los montos destinados a formación, siempre que se cumpla con ciertos requisitos.
Por ejemplo, una empresa que capacita a su equipo en salud mental, Ley Karin o gestión de riesgos, puede recuperar hasta el 100% del gasto si el curso está autorizado por SENCE y cumple con los procedimientos establecidos. Además, existen programas específicos para pymes y capacitaciones focalizadas en inclusión laboral, lo que permite cumplir con la ley y, al mismo tiempo, fomentar una cultura organizacional moderna, diversa y preventiva.
Objetivos de las Capacitaciones Laborales con Foco Normativo
Las capacitaciones laborales con foco normativo no deben limitarse a “cumplir por cumplir”. Un plan de formación exitoso tiene que perseguir objetivos claros como:
- Prevenir riesgos y conflictos legales.
- Promover una cultura de respeto, inclusión y cuidado.
- Empoderar a los líderes y trabajadores para actuar ante situaciones críticas.
- Cumplir con exigencias legales sin descuidar el bienestar organizacional.
- Medir el impacto del aprendizaje en el comportamiento laboral.
Capacitar con enfoque estratégico permite que las empresas no solo estén al día con la ley, sino que también fortalezcan su reputación interna y externa.
La Figura del Supervisor de Cumplimiento en el Ordenamiento Jurídico Chileno
La introducción de la figura del supervisor de cumplimiento en el ordenamiento jurídico chileno, a través de las modificaciones a la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y su posterior regulación mediante el Decreto 97 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representa un hito significativo en la evolución del derecho penal corporativo en Chile. El presente artículo se propone realizar un análisis crítico de la figura del supervisor de cumplimiento en Chile, examinando su rol, facultades y el impacto potencial de su implementación en el panorama empresarial y jurídico del país.
1. Contexto de la Introducción del Supervisor de Cumplimiento
La introducción del supervisor de cumplimiento en Chile se enmarca en una tendencia global de expansión y fortalecimiento de los sistemas de compliance corporativo. El concepto de compliance, entendido como el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos, ha evolucionado significativamente en las últimas décadas.
En paralelo a esta evolución, se ha producido un cambio paradigmático en la concepción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La tradicional máxima societas delinquere non potest ha cedido terreno ante el reconocimiento de que las entidades corporativas pueden ser sujetos de responsabilidad penal. Chile introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 2009 con la Ley 20.393, posicionándose como uno de los pioneros en América Latina en esta materia. La reciente modificación introducida por la Ley 21.595 de Delitos Económicos, que incorpora la figura del supervisor de cumplimiento, representa una evolución significativa de este modelo. La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile mediante la Ley 20.393 en 2009 marcó un hito en la evolución del derecho penal económico en el país. La reciente modificación introducida por la Ley 21.595 representa una evolución significativa de este modelo, incorporando elementos de control externo que complementan y refuerzan el enfoque preventivo original.
2. Marco Normativo y Configuración del Supervisor de Cumplimiento
El artículo 17 quáter, introducido por la Ley 21.595, establece el marco general para la supervisión de la persona jurídica. El texto del artículo reza:
Artículo 17 quáter.- Ejecución de la supervisión de la persona jurídica. Ejecutoriada la sentencia condenatoria que imponga la supervisión de la persona jurídica por un período determinado, el tribunal competente para la supervisión de la ejecución de la pena designará a un supervisor y le dará instrucciones sobre el objeto preciso de su cometido, sus facultades y los límites de ellas, de lo cual será notificada la persona jurídica. Un reglamento establecerá los requisitos que habiliten para ejercer como supervisor, el procedimiento para su designación y reemplazo y para la determinación de su remuneración.
El supervisor de cumplimiento se configura como un auxiliar de la administración de justicia sui generis, con características que lo distinguen de otras figuras similares en el ordenamiento jurídico chileno. El supervisor puede intervenir en diversas etapas del proceso:
- Como medida cautelar: El artículo 20 bis de la Ley 20.393 permite al fiscal del Ministerio Público solicitar la imposición de la supervisión como medida cautelar durante el procedimiento.
- Como pena: Conforme al artículo 8 N° 4 y al artículo 14 de la Ley 20.393, la supervisión puede imponerse como pena tanto para crímenes como para simples delitos.
- Como condición de una suspensión condicional del procedimiento: El artículo 25 numeral 4 bis de la Ley 20.393 permite imponer la supervisión como condición de una suspensión condicional del procedimiento.
3. Facultades del Supervisor de Cumplimiento
Las facultades otorgadas al supervisor por la Ley 20.393 y el Decreto 97 son amplias y de naturaleza tanto preventiva como correctiva. Estas facultades permiten al supervisor intervenir y supervisar los sistemas de gestión y prevención de delitos dentro de la persona jurídica. Si bien el reglamento detallará los alcances específicos, se espera que incluyan la facultad de acceso a información, la revisión de políticas y procedimientos, y la emisión de informes al tribunal.
4. Modelos Comparados de Supervisión
La figura del supervisor de cumplimiento chileno presenta similitudes con modelos internacionales:
- Estados Unidos: El modelo de monitores independientes (independent compliance monitors) utilizado en acuerdos de enjuiciamiento diferido (Deferred Prosecution Agreements) presenta similitudes en cuanto a las facultades de supervisión y acceso a información.
- Reino Unido: El sistema de Deferred Prosecution Agreements introducido por la Bribery Act 2010 también contempla la posibilidad de nombrar monitores externos.
El modelo chileno se distingue por la naturaleza judicial de la designación del supervisor y por la amplitud de sus facultades, integrándose directamente en el marco de la imposición de penas o medidas cautelares.
5. Implicancias y Desafíos de la Figura del Supervisor
La introducción del supervisor de cumplimiento plantea interrogantes significativas en relación con el principio de culpabilidad en el contexto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este desplazamiento podría interpretarse como una erosión del principio de autorresponsabilidad empresarial, pilar fundamental del modelo de responsabilidad penal corporativa adoptado por Chile. Si bien es cierto que este derecho ha sido tradicionalmente concebido en relación con personas naturales, su aplicación en el contexto de la responsabilidad penal corporativa es objeto de debate doctrinal.
La imposición de un supervisor con amplias facultades para intervenir en la estructura y procesos de la organización representa una injerencia significativa en la libertad de empresa y la autonomía corporativa.
Gestión de costos: La supervisión puede resultar onerosa para las empresas, tanto en términos directos (remuneración del supervisor) como indirectos (recursos dedicados a facilitar la supervisión).
La figura del supervisor de cumplimiento implica, en cierto modo, una redefinición del modelo de responsabilidad penal corporativa adoptado inicialmente por Chile. Este desplazamiento plantea interrogantes fundamentales sobre la naturaleza de la culpabilidad corporativa. ¿Puede seguir hablándose de un "defecto de organización" como fundamento de la responsabilidad penal cuando es un agente externo quien asume, en parte, la tarea de organizar y supervisar los sistemas de prevención de delitos? La amplitud de las facultades otorgadas al supervisor plantea cuestiones en relación con el principio de intervención mínima del derecho penal. Esta situación exige una reflexión sobre los límites de la intervención estatal en el ámbito empresarial en aras de la prevención delictiva. ¿Hasta qué punto es legítimo que el Estado, a través de la figura del supervisor, intervenga en la gestión interna de las organizaciones?
La introducción del supervisor de cumplimiento puede interpretarse como un paso hacia un nuevo paradigma de gobernanza corporativa, en el que el cumplimiento normativo y la prevención de delitos se convierten en elementos centrales de la gestión empresarial. En este sentido, el sistema de supervisión podría contribuir a una evolución del derecho penal económico hacia un enfoque más preventivo y orientado a la autorregulación regulada.
La figura del supervisor de cumplimiento plantea desafíos significativos para la dogmática penal tradicional. Conceptos como la autoría y participación, la omisión y la posición de garante deberán ser reexaminados a la luz de esta nueva figura. Por ejemplo, ¿en qué medida el supervisor podría ser considerado garante de la prevención de delitos en la organización?
La introducción del supervisor de cumplimiento también tiene implicaciones significativas para el derecho procesal penal. Esto plantea cuestiones sobre el equilibrio entre los derechos del imputado (en este caso, la persona jurídica) y la eficacia de la persecución penal. ¿Cómo se articula el derecho a la presunción de inocencia con la imposición de una supervisión que implica una injerencia significativa en la autonomía empresarial?
5.1. Requisitos para Ejercer como Supervisor
El reglamento que rige la materia establece requisitos específicos para quienes deseen ejercer como supervisores:
- Contar con experiencia en actividades o cargos que requieran conocimientos relacionados con el marco jurídico y la regulación aplicable a los delitos a que se refiere la ley Nº 20.393, acreditables mediante antecedentes que puedan ser verificados por el tribunal competente para su designación.
- No estar afecto a alguna de las prohibiciones e inhabilidades establecidas en el presente reglamento.
Se consideran inhábiles para ejercer como supervisor:
- Las personas que ejerzan funciones dentro del Ministerio Público, y los miembros del Poder Judicial o de otros tribunales del país.
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Conclusión sobre la Importancia de la Capacitación y Supervisión
El sistema de supervisión de cumplimiento introducido en Chile representa un experimento jurídico de gran relevancia, cuyos resultados serán sin duda observados con atención tanto en la región como a nivel global. En este sentido, será crucial mantener un enfoque reflexivo y crítico en la implementación y desarrollo del sistema. La introducción del supervisor de cumplimiento en el ordenamiento jurídico chileno representa un hito significativo en la evolución del derecho penal económico en el país y en la región. Sin embargo, su implementación efectiva requerirá navegar cuidadosamente una serie de desafíos jurídicos, dogmáticos y prácticos. El éxito del sistema dependerá en gran medida de cómo se desarrolle en la práctica este delicado equilibrio.
En última instancia, el sistema de supervisión de cumplimiento debe verse como una herramienta más en un enfoque integral de prevención y sanción de la criminalidad económica. Las capacitaciones laborales no son un lujo, son una necesidad legal y estratégica. Capacitar a tus equipos en temas como la Ley Karin, salud mental, RCP o inclusión no solo evita sanciones, sino que construye una cultura organizacional moderna, respetuosa y eficiente.