En las últimas décadas, Chile ha sido escenario de notorios episodios de colusión detectados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que han derivado en cuantiosas multas. Entre los casos más recordados figuran los de las farmacias, el papel higiénico y pañales, el retail, y el emblemático caso de los pollos.
El ex titular de la FNE, el abogado Felipe Irarrázabal Philippi, hoy director del Centro de Competencia (CeCo) de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), relata en primera persona cómo se configuró el caso Pollos. Sus recuerdos están contenidos en una columna que publicó en CeCo, junto a un especial sobre el caso, ocurrido hace más de una década. En esta denuncia de colusión, la Fiscalía logró que se condenara a tres productoras por manejar los precios y la producción de este producto.
Inicios de la Investigación (2010)
Irarrázabal compartió que "cuando llegué a la FNE, a principios del 2010, lo primero que hice fue pedir lo más valioso y confidencial: el listado de las investigaciones vigentes. Quedé choqueado. No se veía nada muy promisorio". En ese momento, en su oficina, leía y leía la lista, sin poder encontrar un "diamante en bruto" que prometiera un caso de alto impacto.
El abogado se reunió con un equipo investigador y les pidió, pese a su resistencia inicial debido a que "no era usual 'salir a la calle'", acudir a los supermercados a observar las góndolas.
"El equipo volvió con las caras encendidas. Habían detectado, en tres cadenas, precios idénticos de distintos cortes de pollo de las principales productoras", relata Irarrázabal. Para evidenciar estas coincidencias, le mostraron las boletas de las compras que realizaron con su propio dinero. Los pollos comprados fueron congelados en el refrigerador del piso 13 de la FNE.
La Búsqueda de Evidencia Clave
Aunque el fiscal tenía claro que "precios idénticos pueden reflejar competencia perfecta o colusión", era necesario encontrar más pruebas. Luego de unos días, el equipo regresó con una evidencia contundente: una entrevista de 2007 a los dueños de Don Pollo en la Revista del Campo de El Mercurio.
Según Irarrázabal, "en esa entrevista se confesaba lo inconfesable: ‘Para qué pelear con Súper Pollo, mejor es convivir. Como se dice: si tiene un enemigo muy poderoso, mejor únase a él. Con Ariztía y Agrosuper tenemos una asociación gremial muy fuerte a través de la cual hemos logrado acuerdos con respecto a lo que le corresponde a cada uno en el mercado’". El exfiscal comenta que nadie de la FNE pudo resumir mejor el cartel del pollo.
Irarrázabal admite que "esas pruebas no eran suficientes para ganar un caso", pero les permitieron obtener la autorización del TDLC (Tribunal de Defensa de la Libre Competencia) y de un ministro de la Corte de Apelaciones para llevar a cabo un allanamiento.
Los puntos de la colusión de los pollos
El Allanamiento y la Estrategia Legal
El exfiscal explica que la facultad de allanar, aprobada por la reforma de 2009, no había sido ejercida aún. Era una "terra ignota" para un servicio como la FNE y había que entender y aplicar los artículos del Código de Procedimiento Penal introducidos por la reforma al DL 211.
Con el apoyo de Carabineros, a primera hora de la mañana se allanaron las oficinas de El Golf de la Asociación de Productores Avícolas (APA) y de Don Pollo. Irarrázabal desclasifica que llegaron a escribir 16 versiones distintas del requerimiento, analizando cada palabra milimétricamente, ya que no podían "darse gustitos" literarios.
En paralelo, la FNE estudió las alternativas de defensa que los acusados podían esgrimir. Irarrázabal recuerda que "litigar es un juego de ajedrez. Pueden surgir múltiples sorpresas". En ese aspecto, contaban con una ventaja: ellos fijaban los tiempos, al menos en el período investigativo. "No debíamos apurarnos, si eso implicaba improvisar luego de la presentación del requerimiento", señala.
El ex titular de la FNE relata que la institución pasó "de goleador a defensa, en cosa de días", conscientes de que sus contendores eran sofisticados y se defenderían férreamente. Eran empresas poderosas, "mucho más que las cadenas de farmacias, con conexiones en el Estado, en los medios de comunicación y con las asociaciones empresariales".
Durante la investigación, que duró un año, la FNE encargó informes a varios economistas como Alexander Galetovic y Ricardo Sanhueza. Con ellos, revisaron todas las evidencias, las tendencias y los índices del mercado relevantes para el caso. Así se buscaba "poder aplicar el máximo de la multa que contemplaba nuestra legislación: alrededor de US$30 millones por infractor, monto que nunca se había aplicado en casos anteriores".
La Denuncia y su Impacto Público
Al día siguiente de la presentación del requerimiento, y al tiempo que el TDLC publicaba su resolución dando inicio al procedimiento, Felipe Irarrázabal llamó al entonces ministro de Economía, Pablo Longueira. "Hasta ese minuto, nadie del gobierno sabía de nuestra investigación -como debe hacerse por cualquier servicio persecutor serio- y menos de la presentación inminente del requerimiento", explica.
Irarrázabal detalló las aristas principales de la demanda y los pasos que seguían. Longueira "entendió rápidamente la importancia del caso y un rato después lo veíamos en televisión, junto al ministro Joaquín Lavín, quien blandía en el aire un truto de pollo, dando sendas conferencias de prensa en La Moneda".
La FNE no hizo declaraciones adicionales a las oficiales. El exfiscal argumentó que "no queríamos caer en el juego mediático de aparecer como goleadores, cuando la demanda no era más que nuestra opinión. La decisión era del TDLC y luego de la Corte Suprema". Irarrázabal asumió la defensa en los alegatos, tanto ante el TDLC como la Corte Suprema, preparándose exhaustivamente con su equipo para presentar el caso.
El Rol de los Supermercados en la Colusión
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) comenzó su investigación reservadamente el 25 de agosto de 2011. Luego de unos meses, la FNE obtuvo el permiso del TDLC y la Corte de Apelaciones para ejercer "medidas intrusivas", lo que se concretó en diciembre de ese mismo año. Con el apoyo de OS-9 de Carabineros, se registraron las dependencias de las cadenas de supermercados, encontrando correos electrónicos de ejecutivos entre los vendedores minoristas y sus proveedores de pollo, los cuales fueron confiscados.
Según la investigación de la FNE, las cadenas de supermercados, entre las que se encontraban Cencosud, Walmart y SMU, cumplían un rol de fiscalizadores, monitoreando los precios de los locales de la competencia ubicados en la misma zona, a las que se les llamaba "zonas de competencia" o "clusters".
Respecto a los tres principales productores de pollos (Ariztía, Agrosuper y Don Pollo), la FNE determinó que mantenían contacto por correos electrónicos para fijar un precio único de la lista mayorista, el que, sumando IVA, funcionaba por regla como un precio mínimo de venta para los minoristas.
Un ejemplo documentado es el último correo anexado en la denuncia de la FNE, enviado por Cristian Tirado, ejecutivo de Ariztía, dirigido a Balbontín, ejecutivo de Supermercados del Sur, 10 días después de reclamar por los precios bajos de Santa Isabel. En este, Tirado señalaba: "Desde hace unos tres años que estamos intentando regularizar el precio de oferta de los productos pollos y pavos, evitando vender bajo costo para que las cadenas NO entren en una guerra de precios. En este sentido, te pido evitar vender trutros enteros a bajo costo como pasó hoy en Bigger Concepción, donde se ofreció el trutro entero Ariztía a $1.490 (Precio mínimo es $1.270 + IVA=$1.511)".
La FNE denunció principalmente que Cencosud, Walmart y SMU actuaron bajo conocimiento de que sus principales competidores se encontraban sujetos a sus reglas. Por medio de monitoreos, se fiscalizaban los eventuales incumplimientos de aquel acuerdo, solicitando a su proveedor común (Ariztía, Agrosuper y Don Pollo) la intervención sobre quienes no seguían este acuerdo, con el objeto de restablecer el imperio de la regla cuando se verificaba la venta de productos por debajo del precio de lo acordado.
El cartel se sustentaba en un intercambio permanente de información sensible, estratégica y detallada del negocio entre las tres empresas acusadas, al alero de la APA, gremio que también se encargaba de monitorear el funcionamiento del acuerdo. Este mecanismo quedó al descubierto en el marco de la investigación realizada en el denominado caso pollos.
Al concluir una de las investigaciones más extensas y complejas, la Fiscalía Nacional Económica llegó a la convicción de que los supermercados mantuvieron un acuerdo que afectó el precio de venta de la carne de pollo fresca. Esto se reflejó en que las tres requeridas, en conjunto, alcanzaron en 2011 el 91,2% de participación en las ventas de pollo fresco en el canal supermercadista.
Fallos y Consecuencias Judiciales
Luego de 3 años desde la presentación del requerimiento, la FNE recibió el fallo del TDLC. Las multas sumaron unos US$60 millones. Agrosuper y Ariztía fueron condenadas a pagar unos US$25,4 millones cada una (las multas más altas aplicadas en casos de colusión), y Don Pollo fue multado con US$10,1 millones. Lo mismo ocurrió con el fallo confirmatorio de la Suprema, que demoró un año en llegar, e impuso una multa adicional a la APA. Además, se dictaminó disolver ese gremio.
En el caso de los supermercados, el juicio comenzó en enero de 2016. En una primera instancia, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de manera unánime condenó a las cadenas de supermercados Cencosud, SMU y Walmart por colusión en el mercado de la carne de pollo fresca, aplicando una multa superior a los $8.000 millones de pesos. Luego, en el 2019, la Corte Suprema, en un fallo unánime, ratificó el fallo del TDLC y duplicó la multa, llevándola a una suma de 21 millones de dólares. Debido a ello, se establecieron multas a beneficio fiscal que totalizan 72 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a unos US$ 61 millones.
Irarrázabal recuerda con humor que "supe por ahí que luego de la victoria, el equipo de la FNE hizo un asado con los pollos que habían comprado. Bien merecido, por cierto, y me imagino que estaban sabrosos a pesar de llevar tanto tiempo congelados".
Legado e Impacto
El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, valoró las multas establecidas por el TDLC, pero destacó la necesidad de perfeccionar el sistema, de modo tal que las sanciones para quienes participan de un cartel sean más disuasivas. "Estamos enormemente satisfechos con la sentencia del TDLC", afirmó. Al mismo tiempo, destacó que la sentencia recoge las acusaciones formuladas por la FNE y que este caso entrega una clara señal sobre la determinación de la Fiscalía para perseguir los carteles.
Tras las anécdotas, Irarrázabal resume así los efectos de un caso emblemático: "Pudimos demostrar que la FNE tenía estatura y fuerza para llevar adelante casos sofisticados y complejos". Añadió que los requeridos merecían las máximas sanciones previstas por la ley, y, como ocurre con los casos exitosos, se logró reformar la ley y aumentar el piso de multa. Este fue el primer caso donde la FNE utilizó las facultades intrusivas que le otorgó la ley a partir de 2009.